Con Javier Milei iniciando una gira que lo llevará desde Jesús María, Córdoba, al Foro de Davos, Suiza, con escala previa en Asunción, el Gobierno reunió a su mesa política en la Casa Rosada. Se trata del espacio creado para ordenar tensiones internas y contener las diferencias que hacen crujir a la cúpula libertaria. Durante el encuentro, en el que el ministro Diego Santilli detalló las demandas que recogió de los gobernadores en su primera semana como catalizador de reclamos sobre la reforma laboral, chocaron dos posturas. Por un lado, el ala más dialoguista, dispuesta a buscar compensaciones que garanticen el acompañamiento de las provincias; por el otro, el sector más intransigente, encabezado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que insiste en que es momento de ir a fondo y que la reforma “no se toca”. Tras varias semanas de escasa actividad, la mesa política intenta contener las diferencias puertas adentro y recalibrar la estrategia sin salpicar al Presidente en una de sus facetas preferidas la de aspirante a líder de la derecha regional.

Con el reloj de arena dado vuelta, el oficialismo comenzó a afinar la estrategia para sancionar la reforma laboral. En diciembre, la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, buscó pisar el acelerador, pero debió retroceder. La descoordinación de las prioridades del Gobierno, la convocatoria a una marcha de la CGT y un apuro que no cayó bien ni siquiera entre los aliados obligaron a posponer el debate para febrero. Sin convocatoria oficial aún para el segundo llamado a extraordinarias, que se extenderá del 2 al 27 de ese mes, el objetivo del oficialismo es llevar la reforma al recinto el 11 de febrero. El temario tiene como objetivo central el proyecto que se carga los derechos laborales, mientras que los cambios a la Ley de Glaciares y la modificación del Código Penal, uno de los caballitos de batalla que impulsa Bullrich, podrían pasar para el periodo de sesiones ordinarias.
La reunión comenzó a las diez de la mañana y se extendió durante dos horas. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llevó la voz cantante. Ni el presidente Javier Milei ni su hermana participaron del encuentro, aunque la secretaria general de la Presidencia estuvo representada por sus hombres de confianza, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo “Lule” Menem. Durante la reunión, el ministro Santilli, esbozó los reclamos de los mandatarios provinciales que recogió durante su primera semana en la búsqueda de consensos. El titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, escuchó con atención, pero fue uno de los primeros en retirarse. Santilli deberá acostumbrarse al rol amargo que antes ocuparon Guillermo Francos y luego Lisandro Catalán: ser un funcionario sin billetera. También participaron la senadora Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Según pudo reconstruir Página/12, pese al esfuerzo de los voceros por disimular las diferencias dentro de la mesa política, los cortocircuitos siguen latentes y no hay una posición única sobre cómo construir una mayoría parlamentaria que le dé al Gobierno un triunfo político significativo. La mirada de Patricia Bullrich, Santilli y los Menem apunta a “sacar la ley como sea”, explicaron fuentes alineadas con ese sector. En la vereda de enfrente, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y buena parte del equipo económico rechazan hacer concesiones. El antecedente reciente de la discusión por el Presupuesto 2026 -cuando el Gobierno incrementó un 50 por ciento el reparto de los ATN y benefició a seis gobernadores aliados con 66.500 millones de pesos, sin lograr blindar el capítulo 11, que contenía las leyes que, según la Casa Rosada, atentaban contra el orden fiscal- opera hoy como el principal argumento para sostener una postura intransigente frente a los gobernadores, incluso los aliados.
Concesiones ¡Afuera!
“El proyecto no se toca” fue la línea que bajó el Gobierno tras la cumbre. Con esa definición, el oficialismo busca desactivar las expectativas de los gobernadores dialoguistas de obtener compensaciones por el impacto del artículo 191 de la reforma, que dispone una baja del impuesto a las Ganancias y otorga beneficios a los empresarios a expensas de la recaudación y de los recursos coparticipables.
En su primera semana como articulador de reclamos, Santilli se reunió con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, quien pateó la definición en medio de los incendios que acecharon a su provincia. Sin embargo, desde el entorno del mandatario hicieron saber su preocupación por la caída de la coparticipación. El mismo diagnóstico le trasladaron los gobernadores de Chaco, Mendoza y San Juan, provincias que Santilli visitó especialmente. A cambio de su apoyo, el mendocino reclamó la reactivación de obras en su provincia y la autorización para tomar créditos del Banco Nación. Los dialoguistas buscan trasladarle al Gobierno, al menos durante 2026, el costo de la pérdida de recaudación.
Según el cálculo del senador Jorge Capitanich, plasmado en un informe titulado Empresas y privilegiados versus provincias, lejos de tratarse de ajustes marginales o incentivos focalizados, los cambios en el impuesto a las Ganancias implican una pérdida recaudatoria anual de 8.149.521 millones de pesos, equivalente a 5.727 millones de dólares. El impacto surge de concesiones tributarias dirigidas a grandes empresas y sectores privilegiados que afectan de manera directa a la coparticipación, sin contrapartidas verificables en términos de inversión, empleo o desarrollo productivo. En diálogo con Página/12, el senador definió el artículo 191 como “un suicidio colectivo para gobernadores e intendentes”.
El Gobierno sostiene que lo que se pierda en recaudación se compensará con la creación de empleo. El jueves, Santilli reconoció la caída de la coparticipación tras su encuentro con Alfredo Cornejo, pero intentó minimizar el impacto. “Es verdad que hay un 0,15 por ciento que impactaría en las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos. Pero cada 400.000 trabajadores formalizados, recuperás ese 0,15 por ciento”, afirmó en conferencia de prensa.
Para el peronismo, la promesa de “creación de puestos de trabajo” es la principal falacia sobre la que se apoya la reforma. “Una ley no crea empleo: el trabajo lo generan las políticas económicas”, repiten en ese espacio y advierten que el gobierno “destruye puestos de trabajo todos los días”. Desde Fuerza Patria, señalan que los períodos de mayor expansión del empleo en la Argentina coincidieron con esquemas de plenos derechos laborales. “Entre 2003 y 2015, con salarios altos, trabajadores protegidos e incluso con el derecho a la doble indemnización, se crearon cuatro millones de puestos de trabajo” recuerdan. El contra ejemplo data de la década de los noventa, con la flexibilización laboral. En esos años el desempleo trepó del 6 al 18 por ciento. En el plano reciente, con la reforma laboral incluida en la Ley Bases, lejos de impulsar el empleo, se perdieron 250.000 puestos registrados y cerraron 19.000 pymes.
El road trip de Santilli se reanudará la próxima semana. El itinerario continuará en Salta, donde mantendrá un encuentro con el gobernador Gustavo Sáenz, y seguirá en Neuquén con una reunión con Rolando Figueroa. El jueves, en tanto, concluirá su agenda semanal en Entre Ríos, donde se verá con Rogelio Frigerio. En el medio deberá reprogramar los encuentros con el chubutense Ignacio Torres y con el pampeano Sergio Zilliotto a quien le canceló la reunión en la Rosada por “motivos personales”.