Veinticuatro horas antes de que venza el plazo legal, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remitió al Congreso el decreto que modifica la Ley Nacional de Inteligencia y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Desde hoy, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo cuenta con diez días para dictaminar, algo que no ocurrirá porque el cuerpo aún no está conformado. Sin embargo, la Ley 26.122 —que regula el tratamiento parlamentario de los decretos— establece que, si transcurrido ese período la Comisión no se expide, ambas Cámaras quedan habilitadas para tratar el DNU en el recinto. Con la entrada del expediente al Congreso la oposición aceleró la búsqueda de consensos y asegura estar cerca de reunir la mayoría simple necesaria para rechazar el decreto. En tanto, la Casa Rosada sigue de cerca los movimientos de gobernadores y aliados y buscan impedir que la ofensiva opositora complique el nuevo llamado a extraordinarias.

El tiempo del Gobierno para blindar el DNU 941/25 que modifica más de 40 artículos de la Ley de Inteligencia, eludiendo al Congreso, comenzó a agotarse. Si bien la primera plana libertaria buscó aprovechar los festejos de Año Nuevo y el receso de enero para poner en marcha el polémico decreto —que, tal como denuncia la oposición, habilita la detención de personas sin orden judicial—, la estrategia chocó con los plazos legales y con una oposición decidida a poner límites al avasallamiento constitucional, incluso frente a las maniobras dilatorias del Ejecutivo.
Por eso, a pesar de haber remitido notas a los presidentes de ambas cámaras para exigir la activación de las dos comisiones clave para el tratamiento de los decretos, los bloques opositores están dispuestos a dejar correr el plazo de diez días y forzar el rechazo en el recinto. “No hay orden”, explicó a este diario un diputado del interbloque Unidos, en referencia a cuál de las dos cámaras podría ser la primera en llevar el tema al pleno. Según detalló, “el primero que junte el quórum” hará el intento.
En el bloque Unión por la Patria, el antecedente reciente de diciembre —cuando la Cámara baja logró evitar que el Gobierno derogara la Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario— rompió el clima de derrota que había dejado el triunfo electoral del oficialismo y reavivó el entusiasmo por alcanzar los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión e impulsar el rechazo del decreto en los primeros días de febrero. “Estamos cerca”, aseguran desde ese espacio a este diario.
Entre el peronismo y el Frente de Izquierda, principales detractores del DNU, la oposición reúne hoy 97 votos en la Cámara de Diputados. A ese piso se suman los 22 legisladores del bloque Unidos —integrado por Encuentro Federal, Provincias Unidas y la Coalición Cívica—. En ese poroteo, la oposición también cuenta con el acompañamiento de diputados sueltos como Natalia de Sota, Marcela Pagano y el puntano Jorge “Gato” Fernández, quien, si bien no se incorporó al bloque peronista, votará en línea con ese espacio.
Todavía no hay señales claras sobre qué postura adoptarán el MID y la UCR, aunque en la oposición había expectativas de que el amparo presentado por dirigentes históricos del radicalismo lograra traccionar apoyos entre algunos correligionarios. En el caso del MID, las expectativas son bajas: en el peronismo creen que el bloque hará lo que ordene la Casa Rosada y que no hay margen para algo más que “negociar alguna ausencia”.
Otra de las incógnitas pasa por los diputados de Innovación Federal, siete legisladores que responden a las provincias de Misiones y Salta. Los misioneros se reunirán mañana para fijar postura, aunque las negociaciones abiertas con la presidencia de la Cámara de Diputados para ocupar una silla en la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia revelan una clara sintonía con el oficialismo. El gobernador salteño Saénz, en cambio, mostró un reseteo del dialogo con el peronismo durante la sanción del presupuesto 2026.
Una vez más, los gobernadores aparecen como actores decisivos. En ese marco, la Casa Rosada activó un operativo de seducción. El ministro del Interior Diego Santilli escuchó las demandas de los mandatarios Ignacio Torres, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo, y este viernes recibirá al pampeano Sergio Ziliotto. El encuentro estaba previsto para el martes, pero el vuelo desde Santa Rosa a la Ciudad de Buenos Aires se suspendió por las condiciones climáticas.
Por la mañana, el Gobierno volverá a reunir a la mesa política integrada por Manuel Adorni, el asesor presidencial Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. Allí analizarán los pasos a seguir. La carta de negociación con los gobernadores aliados pasa por un esquema de compensaciones que repare las pérdidas que ocasionará la baja de ganancias para las empresas.