La inflación volvió a acelerarse en diciembre y cerró el año con una suba mensual de 2,8 por ciento, lo que marca siete meses consecutivos de incrementos, aun después de un ajuste fiscal extremo, una política monetaria contractiva y un esquema de anclas que el Gobierno presentó como el camino definitivo para pulverizar los precios. Lejos de arrancar con cero, como prometió el presidente Javier Milei en distintas etapas de su gestión, el índice de precios se mantiene desde hace 4 meses por encima del 2 y empieza a acercarse de manera persistente al 3, un nivel que desnuda los límites del programa económico.
El propio dato oficial, además, no logra reflejar en toda su magnitud la situación angustiante que atraviesa la mayoría de los argentinos. La medición del Índice de Precios al Consumidor se apoya en una estructura de ponderaciones basada en la Encuesta Permanente de Hogares de 2004/2005, con más de veinte años de antigüedad, que no representa los patrones actuales de consumo ni el peso real que tienen hoy los gastos esenciales en los hogares.

Esa desactualización metodológica tiende a subestimar los aumentos de precios efectivos que enfrentan las familias, en particular en rubros sensibles como servicios, alquileres y alimentos. No es un detalle menor: a partir de enero se implementará un cambio en la metodología y se pasará a utilizar información correspondiente a 2017/2018, una actualización que, implícitamente, reconoce que el índice vigente no logra capturar con precisión la dinámica inflacionaria real.
El dato difundido por el Indec no sólo confirma que el proceso de desinflación se estancó, sino que además expone que el costo del ajuste no se tradujo en una desaceleración sostenida. En todo 2025, la inflación acumuló 31,5 por ciento, una cifra elevada para una economía que atravesó una fuerte recesión, con caída del consumo, del empleo y de la actividad. El Gobierno apostó a que el freno de la economía, la licuación de ingresos y la liberalización de precios generarían una baja más rápida del índice, pero los números muestran que ese efecto se agotó.
La dinámica de diciembre volvió a estar impulsada por los precios regulados y los servicios. Mientras los bienes aumentaron 2,6 por ciento en el mes, los servicios subieron 3,4, consolidando una brecha que se repite desde hace meses y que golpea de lleno a los ingresos fijos. En términos interanuales, los servicios acumulan una suba de 43,1 por ciento, muy por encima de los bienes, que avanzaron 26,5. La estrategia oficial de recomponer tarifas y precios regulados, presentada como un paso inevitable para ordenar la economía, sigue teniendo un impacto directo sobre la inflación mensual.
Por divisiones, Transporte encabezó los aumentos de diciembre con una suba de 4 por ciento, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 3,4. También mostraron incrementos por encima del nivel general Comunicación, Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios varios. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3,1 por ciento y fueron, otra vez, la división con mayor incidencia en el índice, lo que refleja que la inflación continúa teniendo un fuerte componente regresivo, incluso en un contexto de consumo debilitado.
Dentro del rubro alimentos, el comportamiento fue dispar, pero con fuertes subas en productos clave. Carnes y derivados registraron aumentos significativos, mientras que frutas también mostraron alzas importantes, compensadas parcialmente por bajas en verduras y tubérculos. Esa heterogeneidad no alcanza para aliviar el impacto sobre los hogares, que enfrentan precios altos en productos básicos con salarios que siguen corriendo por detrás.
El análisis por categorías deja otro dato incómodo para el relato oficial. Los precios regulados aumentaron 3,3 por ciento en diciembre y lideraron el incremento mensual, seguidos por el IPC núcleo, que avanzó 3,0. Los estacionales, en cambio, subieron apenas 0,6. La persistencia de un núcleo inflacionario elevado indica que la inercia de precios sigue activa, aun con una política monetaria restrictiva y con tasas de interés que, en algunos tramos del mercado, llegaron a niveles de tres dígitos.
OpinionesMartin Burgos, coordinador del departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, aseguró que la inflación es un problema serio que empieza a tener el gobierno. “Se suponía que tenía los precios acomodados pero la baja de retenciones sumado a las expectativas de exportar más carne a EEUU tensionaron los precios de los alimentos.”
Para Burgos, la inflación es una variable clave para el gobierno, porque tiene mucha incidencia en la canasta con la cual se mide la pobreza, uno de los pocos estudios en los que gobierno puede mostrar algún resultado positivo.
Por último, el economista dio un panorama negativo para el mediano plazo: “Todo parece indicar que a pesar de la tranquilidad cambiaria los precios pueden seguir subiendo porque se vienen nuevos aumentos de tarifas”.
El contraste con las promesas oficiales es cada vez más evidente. Milei sostuvo en reiteradas oportunidades que la inflación empezaría con cero primero en 2024, luego en 2025 y más tarde en 2026. Hoy, el índice no solo no baja de 2, sino que acumula siete meses de subas consecutivas. Incluso comparado con períodos anteriores, el resultado es difícil de defender: los niveles actuales superan los registros de etapas donde se aplicaban políticas heterodoxas de precios e ingresos, que el actual gobierno descalifica de plano.
A diferencia de esas experiencias, el oficialismo descarta cualquier tipo de acuerdo sectorial o política de control de costos empresariales para quebrar la inercia. El manual elegido es el ajuste fiscal, el ancla salarial, el ancla cambiaria y la apertura importadora. Sin embargo, los datos muestran que ese combo no alcanza para doblegar la inflación, mientras sí profundiza la recesión y deteriora el poder adquisitivo.
El panorama hacia adelante tampoco resulta alentador. En enero debutó el nuevo esquema de bandas cambiarias, que habilita una mayor volatilidad del tipo de cambio y deja abierta la puerta a una devaluación más marcada. Al mismo tiempo, el Gobierno no logra estabilizar el frente de tasas, que se mantienen elevadas para contener presiones cambiarias y financieras. Aun con ese nivel de tasas, la inflación no cede. Pero si el Ejecutivo intentara bajarlas para reactivar una economía hoy muy parada, el riesgo es un rebote inflacionario adicional.
La política económica queda así atrapada en una dicotomía cada vez más evidente. Sostener tasas altas y un ajuste profundo para contener precios implica prolongar la recesión y el deterioro social. Aflojar esas anclas para darle algo de aire a la actividad podría traducirse en más inflación, en un contexto donde la credibilidad del programa ya muestra fisuras. El único logro económico que el Gobierno exhibía, la desaceleración inflacionaria, dejó de serlo. Y los datos de diciembre confirman que el problema de los precios sigue lejos de estar resuelto.