El Juzgado Federal de Tartagal ordenó al Estado nacional que en un plazo de 90 días la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realice obras urgentes en en el tramo dela ruta nacional 34 que va entre Yuto (Jujuy) y Salvador Mazza (Salta).
El fallo, que hace lugar a una medida cautelar instada por el senador nacional Sergio “Oso” Leavy, marca un punto de inflexión en la disputa por el mal estado de la ruta nacional 34, un corredor vital para el norte salteño.
En agosto último Leavy presentó en amparo colectivo con pedido de que se dicte una medida cautelar, en representación de un centenar de usuarias y usuarios, principalmente del departamento San Martín.
En el amparo se denunció que ese tramo de la ruta 34 se transformó en un mapa de pozos, banquinas comidas, alcantarillas tapadas, acumulación de agua, con falta de señalización y un nivel de riesgo que crece a la par del recorte presupuestario.

Al resolver, el juzgado reconoció que la situación afecta derechos fundamentales, como la vida, la integridad física, la salud y la movilidad.
Desde el sector de Leavy celebraron la disposición pues consideraron que la Justicia pudo acreditar “el grave deterioro de la calzada en distintos sectores”. “Esto resultaba un combo peligro para la vida de miles de automovilistas y transportistas que circulan por allí todos los días”, expresaron. Además, insistieron -como viene cuestionando Leavy en cada sesión- que el estado de la ruta es consecuencia directa del freno total a la obra pública que impuso el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023.
En el amparo, el legislador nacional reclamó que se ordene a Vialidad Nacional intervenir de manera inmediata ante el estado de la zona. Para ello, aportó fotos, videos y notas dirigidas al presidente Javier Milei y al ahora ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, además de pedidos formales de información que nunca fueron respondidos.
La respuesta estatal llegó un mes después, y, en lugar de explicar por qué el tramo está al borde del colapso, la Dirección Nacional de Vialidad enumeró sus limitaciones operativas. Aseguró que no hay mezcla asfáltica disponible, que algunas licitaciones quedaron desiertas, que los precios no se convalidan, los contratos no se firman y los proyectos ejecutivos llevan años sin avanzar. Y afirmó que hace más de un año se intenta comprar asfalto en caliente para las rutas 34 y 50, pero sin éxito.
Las excusas del ajusteSin embargo, en el trámite del amparo la defensa de Vialidad Nacional reconoció que “se trabaja dentro de las disponibilidades presupuestarias”. Lo que no dijo -pero se deduce de cada informe que envió- es que esas disponibilidades son prácticamente nulas desde que Milei y Caputo paralizaron más de 2.500 obras públicas en todo el país. El desfinanciamiento es tan profundo que la estructura operativa de Vialidad quedó reducida a cuadrillas aisladas, sin insumos, sin equipos y sin presupuesto para contratar trabajos básicos.
En Salta, el impacto fue inmediato porque se frenaron obras de agua, hospitales, escuelas, rutas nacionales y provinciales. Así, la 34 también quedó al borde del abandono total. Desde que se inició la gestión de Milei las empresas locales dejaron de presentarse a licitaciones porque los valores oficiales quedaron desactualizados, y Nación se niega a habilitar redeterminaciones. En mayo de este año recién se adjudicó una compra mínima de mezcla asfáltica que resulta insuficiente incluso para tareas de emergencia.
De esta manera, la sentencia visibilizó la situación con nitidez. La jueza federal Ivana Hernández observó que el riesgo vial es grave, constante y generalizado. Y, en ese escenario, consideró necesario resguardar el derecho colectivo a la seguridad en el tránsito y señaló que el Estado nacional no puede excusarse en demoras administrativas cuando están en juego vidas humanas.
Una ruta estratégica, en estado críticoLeavy, al igual que el gobernador Gustavo Sáenz, insiste en que la ruta 34 no es una vía secundaria en la provincia, puesto que es el principal corredor agroindustrial del norte, el canal logístico hacia Bolivia y un tramo clave para la movilidad regional. Por allí circulan camiones de alto tonelaje, transportes públicos, trabajadores migrantes, estudiantes, vehículos de emergencia y familias enteras.
Por esto, la precarización de la infraestructura también afecta la economía, dado que se producen demoras en el transporte de cosechas, comercios que ven caer su actividad por la imposibilidad de trasladar mercadería, y costos logísticos que se disparan. Incluso, los municipios de Tartagal, Aguaray, General Mosconi y Salvador Mazza denuncian permanentemente el mal estado del camino.
En este contexto, la resolución judicial en el amparo es vista como un punto de partida. Principalmente, porque reconoce el riesgo que implica el abandono estatal. En ese sentido, la Justicia obliga al Estado nacional a mostrar qué hará —y con qué recursos— para evitar mayores daños. También abrió la puerta para que se ordenen medidas cautelares más fuertes si la situación no mejora.
Además, se trata de un revés implícito para el discurso del Gobierno nacional, que insiste en que “la obra pública era un robo”. En el norte salteño, la ausencia del Estado no se siente como ahorro, sino como abandono. Leavy lo sintetizó en el expediente, al asegurar que “la Ruta 34 se volvió un calvario diario, y el Estado nacional dejó de cumplir incluso con sus funciones mínimas”. De esta manera, el fallo de Tartagal confirmó que ese diagnóstico ya no pertenece sólo al terreno de la política y al de los usuarios y usuarias, que ahora tienen la validación judicial.