La justicia federal de Córdoba informó que se encontraron restos en el predio donde funcionó el campo de concentración de La Perla entre 1976 y finales de 1978. El hallazgo se produjo en la primera semana de trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona y generó grandes expectativas entre los familiares de los detenidos-desaparecidos que desde hacía tiempo impulsaban la búsqueda.
En una conferencia de prensa convocada para esta mañana, el juez federal Hugo Vaca Narvaja informó que se habían encontrado huesos, los cuales serán analizados por el EAAF para determinar si es posible extraer ADN y, de esa manera, establecer si pertenecen a víctimas del terrorismo de Estado. El proceso recién comienza y podría demorar meses.


La Perla se activó el 24 de marzo de 1976 en terrenos pertenecientes al Tercer Cuerpo de Ejército, ubicados a la vera de la Ruta 20 que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz. Según el Archivo Provincial de la Memoria, por allí pasaron entre 2000 y 2500 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.
En distintos procesos, la justicia federal estableció que La Perla operaba bajo el mando del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba. Algunos secuestrados eran asesinados bajo tortura y otros sacados con vida del centro para ser fusilados. Como eufemismo, ese camino hacia la muerte era denominado “traslado”. Quienes estaban adentro escuchaban que se acercaba un camión, que luego se retiraba y volvía aproximadamente a los 30 minutos. “Lo que daba la idea de que el lugar de fusilamiento estaba dentro de los terrenos de la misma guarnición militar”, señala la sentencia dictada en la megacausa.
Cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 1979, los militares intentaron ocultar la evidencia de sus crímenes. Según declaró el represor Guillermo Bruno Laborda, en los primeros meses de 1979 se habría producido un operativo de “limpieza” para retirar los cuerpos de las víctimas.
Los investigadores obtuvieron recientemente una imagen aérea de julio de 1979, que permitió confirmar movimientos de tierra en ese momento. Ese hallazgo representó un avance en una investigación que llevaba casi 20 años, según señalaron desde el juzgado.
El predio donde funcionó La Perla tiene 14 mil hectáreas, lo que lo convierte en una zona de difícil abordaje. Gracias a los testimonios recabados a lo largo de décadas, las declaraciones de represores y la imagen aérea, los investigadores lograron acotar el área de búsqueda.
Los trabajos del EAAF comenzaron el martes de la semana pasada. Esta etapa de investigación incluye tareas de prospección y excavación en diez hectáreas y se extendería hasta finales de noviembre.
Los hallazgos se produjeron en el quinto día de búsqueda. En la conferencia, las expertas explicaron que se encontraron restos óseos dispersos en un terreno alterado y señalaron que el contexto del hallazgo es compatible con que pertenezcan a personas desaparecidas durante la dictadura, aunque aclararon que, por el momento, no se puede hablar de fosas comunes.
Si bien remarcaron que el proceso está en sus primeros momentos, el secretario del juzgado, Miguel Ceballos, destacó el optimismo respecto de que estaban en el lugar correcto de la búsqueda.
En 2014, en las cercanías de La Perla, en los hornos de la estancia La Ochoa, los antropólogos forenses hallaron restos óseos de cuatro estudiantes universitarios que habían sido secuestrados en diciembre de 1975. Para entonces, La Perla no funcionaba como campo de concentración. El hallazgo fue posible gracias al testimonio de un baqueano.
El juez Vaca Narvaja también intervino en ese proceso. “Cuando uno encuentra los restos y los identifica, esa persona deja de ser un desaparecido. La necesidad de dar por terminado este estado de incertidumbre es la que hay que resaltar”, remarcó el magistrado.
El fiscal Facundo Trotta pidió que quienes cuenten con información que pueda facilitar la búsqueda la aporten.
“La desaparición forzada es un delito continuado que termina cuando aparecen los restos”, puntualizó, por su parte, el abogado Ramiro Fresneda, quien representa a una veintena de querellantes que promueven la búsqueda.
Entre ellos está Sara “Coca” Luján, de 99 años, quien quiere saber qué hizo la dictadura con su hijo Raúl Mateo Molina, asesinado en La Perla el mismo día de su secuestro. Fresneda recordó que otra de las querellantes, Graciela Geuna –sobreviviente del campo de concentración y esposa de un desaparecido–, afirma que no es posible construir una democracia con cuerpos insepultos.