El Gobierno publicó en el Boletín Oficial dos decretos para revertir los efectos del rechazo parlamentario a las reformas administrativas y a la desregulación de la Marina Mercante.
Por un lado, el DNU 627/2025 restituye la vigencia de los marcos legales de más de veinte organismos que habían sido disueltos, fusionados o transformados, entre ellos el INTA, el INTI, el INV, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad, la CONABIP y el Banco Nacional de Datos Genéticos. El Ejecutivo argumentó que el rechazo de los decretos previos generó un "vacío normativo" que ponía en riesgo el funcionamiento institucional.
En paralelo, el DNU 628/2025 restablece las normas derogadas por el DNU 340, que había creado un régimen de excepción para la Marina Mercante y fue rechazado por el Congreso en agosto. Con esta decisión vuelven a aplicarse la Ley de Navegación y la Ley 27.419, que regulan la actividad marítima y fluvial. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de garantizar seguridad jurídica, resguardar la competitividad de la flota nacional y proteger un sector que considera estratégico para la soberanía y el comercio exterior.

El Ejecutivo justificó ambas medidas en la necesidad de evitar un "vacío normativo" generado por el rechazo parlamentario, garantizar seguridad jurídica, preservar el funcionamiento institucional y proteger sectores considerados estratégicos para la soberanía, el comercio exterior y la seguridad nacional.
Ambos decretos deberán ser analizados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. La Casa Rosada busca transmitir que la administración seguirá operativa con normalidad, aunque la oposición ya advierte que el uso reiterado de decretos de necesidad y urgencia tensiona aún más la relación con el Congreso.