Por decreto, el Gobierno centralizó la gestión de cinco hospitales y eliminó institutos y facultades clave en el sistema sanitario argentino.

La oposición irá en busca de abrir este jueves el recinto del Senado con o sin la convocatoria oficial de su titular, la vicepresidenta Victoria Villarruel, para tratar un temario que el Gobierno rechaza y que enfrenta la intención del oficialismo libertario de cerrarle el camino con una resolución administrativa que contradice la voluntad de la mayoría de los legisladores. Una pulseada parlamentaria en el peor momento de la relación con sus propios aliados a los que la Casa Rosada destrata e incumple promesas. La agenda opositora incluye el aumento de jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad que ya tienen media sanción de la Cámara baja; además de los dos proyectos presentados por la totalidad de los gobernadores para establecer por ley el reparto equitativo de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y del impuesto a los combustibles, así como el rechazo al veto presidencial a la ley de asistencia económica a la ciudad de Bahía Blanca y el proyecto de declaración impulsado por Unión por la Patria de rechazo al fallo de la justicia neoyorkina que obliga a la Argentina a entregar a un fondo buitre el 51 por ciento de las acciones de YPF.

La titular de la organización, Estela de Carlotto, encabezó una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la restitución. "Luchemos para que la verdad no se apague", pidió desde la Casa por la Identidad.

Las tensiones entre Casa Rosada y los gobernadores por el reparto de fondos coparticipables continúa mostrando síntomas.

"Esto es borrar de un plumazo toda la política pública de control de armas en Argentina". Así califican los especialistas en políticas de desarme la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver por decreto la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y sus exclusivas funciones de control para reestablecer el cuestionado Registro Nacional de Armas (Renar) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Afirman a Página/12 que, en relación con todas las políticas que el gobierno viene adoptando en torno a la liberalización de la tenencia civil de armas, la última decisión es "la más grave" porque implica "un retroceso de medio siglo" para "vaciar" al Estado de la posibilidad de controlar el uso de armas. Las organizaciones piden al Congreso que rechace el decreto.